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Un IBI deberá ser acompañado por una reorganización del sistema tributario y de los principios de imposición fiscal. La proposición de Götz Werner y Benediktus Hardorp de despedirse completamente de la imposición de rendimientos (ingresos y beneficios; ver: http://www.iep.uni-karlsruhe.de/seite_469.php ) es tan radical y simple como la propuesta de IBI en todos sus aspectos.
Ellos abogan por una adaptación a impuestos de consumo, los cuales se recaudarían de manera interna. No sería la posesión nominal de dinero la que se gravaría con impuestos sino su utilización. Porque para la comunidad lo decisivo no esta en que cada ciudadano posea una suma considerable de dinero, sino en cómo y para qué es utilizado ese dinero.
Un gravamen impositivo de este tipo premiaría el cuidado de recursos ya que un mayor consumo de recursos implicaría un mayor gasto dada la forma que tomarían las tasas impostivas. Esto no sería el caso de la producción de bienes para las cuales es necesario emplear recursos. Pues en este caso, un empleo considerable de recursos llevaría a una reducción de gastos. En este sentido, las inversiones y el consumo no se serían tratados de la misma manera. No serían las contribuciones a la creación de valores por tanto inversiones, tal como en el caso de ingresos y salarios productivos e innovaciones emprendedoras las que recibirán un trato fiscal diferencial: no se gravaría la creación de valores sino su consumo.
Este cambio respecto a los impuestos de consumo y a la eliminación de otras contribuciones de impuestos, tendrá numerosas consecuencias. El proceso de creación de valor recibirá un alivio enorme en comparación con el trato que recibe hoy en día. Económicamente, la fijación de impuestos sobre el consumo quitaría cargas fiscales sobre las exportaciones y aumentaría las mismas sobre las importaciones. A través de los impuestos de consumo, los bienes importados se gravarían de la misma forma que los bienes producidos en el interior del país. El proceso nacional de la creación de valores no estaría tan discriminado frente al proceso exterior de la creación de valores como lo es hoy en día.
La aplicación de impuestos sobre el consumo en combinación con un IBI nos llevaría hacia una reducción radical de los costes de salarios marginales ya que un ingreso básico de este tipo sustituiría las prestaciones sociales completamente. Un IBI no se financiaría a través de las contribuciones de la seguridad social sino a través de los impuestos de consumo. Y por lo tanto, bajaría los costes laborales de las empresas. Entonces liberaríamos al proceso de creación de valores de una carga enorme, la cual tiene que soportar hoy en día. Un esquema de impuestos al consumo significaría además una enorme simplificación administrativa así como una reducción de la burocracia existente. Los recursos surgidos mediante este tipo de simplificaciones y cambios institucionales estarían a disposición para financiar un IBI así como otras tareas estatales.
Para gravar de un modo diferencial los diferentes grupos de bienes y servicios, habría que establecer una graduación de los impuestos de consumo por grupos de bienes y grupos de servicio. Así, los bienes que son artículos de consumo diario deberían ser menos gravados que los artículos de lujo. Aquí también entra en vigencia el principio de “quién consume más, paga más”.
El cambio de nuestro sistema fiscal hacía un esquema de impuestos al consumo se guía por el mismo principio sobre el cual se basa un IBI: reforzar y animar en la comunidad la dedicación a actividades innovadoras. Sólo tal política refuerza nuestra comunidad a largo plazo.
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