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Primero tenemos que preguntarnos a qué nos referimos la exclusión. Si nos decidimos por un IBI crearemos un ingreso seguro para cada ciudadano. Esto ofrecerá mayor libertad y autonomía sobre lo que cada uno quiere hacer con su vida.
Por el hecho de que la comunidad le da esa oportunidad, él tiene que preguntarse como utilizará este tiempo responsablemente. Entonces se puede pensar que un IBI refuerza la libertad individual así como el compromiso por el bienestar común. En este sentido no se verificaría ninguna clase de exclusión.
Pero ¿qué pasa si quiere trabajar y no encuentra trabajo? Esta es una situación, que existe ya hoy en día. Si la consideramos inconveniente sólo podemos resolverla creando un derecho a trabajo y así cambiar la distribución del trabajo como proclaman por ejemplo los sindicatos. Con ello transformaríamos el trabajo en una finalidad en sí misma, incluso en un bien de consumo.
Pero para esto necesitaríamos un arreglo distributivo, ya sea legalmente o bien delegando la decisión a la cooperación mediante un convenio colectivo. Si la participación en el mercado laboral nos parece un derecho insustituible hay que crear tal reglamentación. Para nosotros, desde luego, lo esencial es el beneficio de la libertad que nos posibilita un IBI. Entre otras cosas porque mediante una política de este tipo reforzaríamos y favoreceríamos la voluntad de rendimiento y la orientación del sentido del trabajo hacía la solución de problemas. Un cambio de distribución de trabajo deprecia este tipo de libertad y trata al trabajo como si fuera deseable por sí mismo, robándonos la libertad de decidir nosotros mismos cuánto tiempo y en qué grado estamos dispuestos a trabajar. No podemos tener ambas cosas, la garantía de puestos de trabajo y la libertad de decidir. Nosotros abogamos por el beneficio de una mayor libertad ligado con una exigencia de responsabilidad.
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